[Opinión] Más participación para más democracia

1.07.2014

NO ARCHIVAR/NO GUARDAREsta columna de Patricia Ezquerra forma parte del especial de la Revista Humanum sobre nuestro Informe “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo“.

Desde la publicación del Informe sobre América Latina titulado ”La Democracia en América Latina: hacia una democracia de los ciudadanos (2004)”el PNUD ha relevado la importancia de pasar de una “democracia electoral” a una “democracia de ciudadanía”, logrando situarse como uno de los principales referentes en el debate en torno a políticas orientadas a profundizar la calidad de la democracia, incrementando la ciudadanía civil, política y social.

Asimismo, el informe “Auditoría a la Democracia”, publicado recientemente por el PNUD en Chile mantiene este mismo enfoque, entendiendo la democracia tanto como la serie de procedimientos e instituciones que permiten elecciones libres y justas, como la forma de organizar la sociedad que garantiza la protección y el reconocimiento del amplio abanico de derechos humanos que hacen posible el ejercicio pleno de la ciudadanía. En otras palabras, para el PNUD pueden alcanzarse importantes logros en materia de democracia electoral, pero esto debe necesariamente estar acompañado de la garantía de derechos ciudadanos para todos y todas.

Por ello, la participación toma un rol preponderante en cualquier democracia en cuanto contempla el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos en diversas áreas tales como el proceso electoral, el proceso legislativo, los partidos políticos, la formación de políticas públicas, los procesos de descentralización, la interacción y rendición de cuentas entre las instituciones públicas y los ciudadanos; además de incluir la asociatividad o participación en iniciativas ciudadanas.

En este contexto, el presente informe evidencia que en Chile existe un entramado institucional marcadamente orientado hacia la dimensión representativa de la democracia, con escasos mecanismos e instituciones en la dimensión participativa, limitando que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar en forma directa en las distintas etapas de la deliberación pública. Esta estructura institucional se ha mantenido a pesar de la existencia de un fuerte malestar y una creciente demanda ciudadana por ampliar esferas y mecanismos de participación, más allá de los espacios políticos formales.

Esta demanda se presenta con una participación política formal en elecciones que ha ido en un descenso sostenido desde fines de los años 80. Mientras en 1989 el 86% de la población en edad de votar ejerció su derecho a sufragio en Chile, ésta cifra disminuyó al 51,7% en la última elección presidencial. Esta caída constituye la más aguda en los últimos 23 años en la región, siendo superada a nivel mundial sólo por las caídas en Eslovaquia (35,2%), Gambia (36,9%) y Madagascar (38%).

A lo anterior se suman bajos niveles de asociatividad. Según la Encuesta LAPOP, Chile, junto a Uruguay, se encuentra entre los dos países con los niveles más bajos de participación declarada en reuniones de organizaciones sociales. Más aún, el país exhibió una pequeña baja entre 2008 y 2012, disminuyendo del 22% al 19% respectivamente. En el otro extremo se ubican las organizaciones vinculadas a la política formal, como los partidos políticos, en las que la participación no supera el 4% de las personas consultadas según la encuesta Auditoría a la Democracia de 2012.

Sin embargo y en paralelo, la evidencia da cuenta que en los últimos años ha aumentado tanto la adhesión como la participación en movimientos sociales y acciones colectivas distintas a las consideradas formales o institucionales, en especial en torno a temas como la reforma al sistema educacional, la relación entre el Estado y los pueblos originarios, la instalación de proyectos con impacto medioambiental y la demanda por el desarrollo integral de las regiones. Las encuestas Auditoría a la Democracia de 2010 y 2012 muestran un aumento del 12% al 18% entre quienes reconocen haber asistido a una marcha o manifestación pública entre esos años. Más aún, entre esos mismos años aumentó en forma estadísticamente significativa la aprobación de todas las formas no convencionales de participación, tales como la ocupación de terrenos privados, fábricas y oficinas (del 8% al 15%), la realización de huelgas de hambre para presionar a las autoridades (del 9% al 19%), bloqueos de calles o carreteras (del 13% al 21%), y participar en manifestaciones públicas (del 53% al 57%) según la misma encuesta.

Así, la democracia en Chile enfrenta el desafío de fomentar una participación ciudadana efectiva y vinculante, fortaleciendo y construyendo espacios de inclusión e involucramiento de todos y todas en los asuntos públicos. Las dimensiones de participación y representación no constituyen polos opuestos sino que dimensiones que deben ser equilibradas para dar cuenta de las transformaciones que ha experimentado el país en la manera en que ciudadanos y ciudadanas, individual y colectivamente, se relacionan con lo público y con las instituciones políticas. Esto requiere, por un lado, una mejor comprensión de cómo se han transformado las dinámicas de participación social y política en el país y, por el otro, reconocer a los nuevos actores y las nuevas expresiones de participación que se han consolidado.

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