[Opinión] La otra desigualdad

11.07.2014

1.3

Esta columna de Valentina Salas forma parte del especial de la Revista Humanum sobre nuestro Informe“Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo“.

 

La concepción de democracia que orienta el informe “Auditoría a la Democracia” reconoce como sujeto democrático a los y las ciudadanas, quienes deben gozar de iguales derechos y garantías para influir en la toma de decisiones y en la delegación del poder, junto con experimentar condiciones apropiadas para su desarrollo.

El informe evidencia que en Chile se ha avanzado en el objetivo de perfeccionar el marco legal para que resguarde los derechos de todos y todas, independiente de sus diferencias. No obstante, y a pesar de estos avances, el principio de igualdad democrática en el ejercicio efectivo de los derechos está en entredicho.Los derechos garantizados en lo formal, no se ejercen de igual forma en la práctica, pues su ejercicio sigue estando fuertemente mediado por condiciones de desigualdad estructural, que redundan en acceso y resultados dispares entre distintos grupos de la población. Las mujeres, los y las ciudadanas pertenecientes a algunos de los pueblos originarios, la población LGBTI, los más pobres, entre otros, enfrentan desigualdad en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

Ciertos derechos de ciudadanía no están garantizados para todos por igual y sectores importantes de la población no pueden ejercerlos en plenitud. Características socioeconómicas definen todavía el acceso de las personas a bienes y servicios básicos de calidad, a una justicia oportuna y expedita, a la participación e involucramiento en la esfera pública y a sentirse libres de discriminación. En cuanto a bienes y servicios relacionados con derechos económicos y sociales, si bien el acceso está garantizado, no sucede lo mismo con la calidad de lo recibido, la cual es muy dispar dependiendo de la capacidad de pago de cada persona. Todo esto redunda en que las personas experimentan de manera desigual la democracia y sus beneficios.

Desde la percepción ciudadana se reconoce esta desigualdad en el ejercicio de derechos en el país. Por ejemplo en materia de acceso a la justicia, si bien en las últimas décadas se ha buscado mejorarlo y aumentar la capacidad de las instituciones encargadas de su aplicación, existen grupos que en base a características socioeconómicas, de género, por pertenecer a ciertas minorías, o por vivir en zonas aisladas ven limitado su acceso a un sistema judicial que los proteja de forma igualitaria. Según datos de la encuesta Auditoría a la Democracia de 2010 sobre el 70% de los encuestados cree que la justicia siempre favorece a los poderosos. Sumado a ello, según datos de Latinobarómetro, en 2011 sólo el 40% de los consultados estuvo de acuerdo con que el “El sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son”. Esta apreciación evidencia que se percibe a la justicia como poco equitativa y de comprometida imparcialidad.

A esto se suman características del funcionamiento democrático y de la interacción de actores políticos e instituciones que generan la exclusión y postergación de ciertas personas y grupos, a la vez que privilegian y reparten el poder entre otras. En particular, existen déficits en la calidad y en los mecanismos de representación política en Chile, como el sistema electoral binominal, que favorecen a unos y perjudican a otros, minando la capacidad de sectores importantes de incidir en la toma de decisiones. A ello se suma una debilidad en los mecanismos de participación en las distintas etapas de los procesos de definición e implementación de agendas públicas. Y además, la persistencia de los problemas de tráfico de influencias, conflictos de intereses y lobby por sectores con mayores recursos materiales y simbólicos permite que éstos predominen en la deliberación política. Esta desigualdad política ha contribuido a mantener y reproducir la desigualdad social y económica, bloqueando la posibilidad de avanzar en establecer una igualdad efectiva.

Así, la política y los asuntos públicos le son ajenos, distantes y poco transparentes a parte importante de la población. Hay quienes, pese a su condición de ciudadanos, a que pueden votar y elegir a sus autoridades, se sienten poco incluidos en la política pública o, directamente, discriminados o vulnerados en sus derechos. Si bien la visión crítica de la ciudadanía hacia el desempeño del régimen es transversal, es más acentuada en los sectores socioeconómicos medios y bajos, los que declaran estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia tan solo en un 19% y 15% respectivamente según la encuesta Auditoría a la Democracia de 2012. A su vez, los ciudadanos de niveles socioeconómicos altos evalúan mejor el desempeño de la democracia (41%) y la valoran más en términos abstractos (83%). Esto da cuenta de que existe una relación entre la evaluación de la democracia y las oportunidades y los resultados del desarrollo que experimentan los ciudadanos en términos concretos. En otras palabras, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia también está cruzada por la profunda desigualdad socioeconómica que caracteriza a la sociedad chilena.

De esta forma, Chile requiere enfrentar la desigualdad multidimensional que cruza el funcionamiento de la democracia para avanzar hacia un desarrollo humano inclusivo. El desafío es entonces reconocer esta otra desigualdad para tomar decisiones que vayan en beneficio de todos. Para ello, se debe promover una igualdad efectiva en el ejercicio de los derechos junto con establecer reglas del juego que permitan su despliegue en la esfera pública de deliberación, de modo que la democracia y sus beneficios alcancen a todos y todas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *