[Opinión] La deuda de la democracia con las mujeres

2.07.2014

 

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Esta columna de Elizabeth Guerrero forma parte del especial de la revista Humanum sobre nuestro Informe “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo“.

‘La democracia está en deuda con las mujeres’ fue un slogan utilizado por las feministas chilenas a fines de los noventa para dar cuenta de que el retorno a la democracia en Chile no había significado avances iguales para hombres y mujeres. Quince años después la deuda persiste, tal como lo muestra el Informe “Auditoría a la Democracia” del PNUD.

 Este informe considera tanto la democracia electoral, es decir, el régimen de gobierno que asegura la competencia en el poder, como la democracia de ciudadanía, que da cuenta de la forma de organización de la sociedad para la expansión del conjunto de derechos que hacen posible que ese régimen exista. Desde esa perspectiva, la deuda de la democracia con las mujeres se verifica no solo en los ámbitos de representación, sino también en el ejercicio y goce de otros derechos como los económicos y sociales.

En esa línea, este Informe muestra que una de las deudas más evidentes y persistentes es la que dice relación con el derecho de las mujeres a ser elegidas. Desde el retorno a la democracia en Chile los porcentajes de mujeres electas, si bien han ido aumentando, no han superado la barrera del 20% en el Congreso (actualmente las mujeres son un 15,8% del Senado y un 15,8% de los diputados),[1] por debajo del promedio mundial que es 21,3 y muy por bajo del promedio de las Américas que es de 24,1. En el nivel local la situación es aún peor, solo el 12,5% de los alcaldes son mujeres. Estos bajos porcentajes se deben en última instancia a la baja proporción de candidatas. Desde 1990 a la fecha, del conjunto de candidaturas a la cámara de Diputados, solo el 15% han sido mujeres.

El informe revela la escasa participación de mujeres en cargos de decisión, dando cuenta de una distribución herterogénea en los distintos estamentos: la participación es inversamente proporcional al poder político y a las remuneraciones. Para el período 2003-2012 solo el 28% de los cargos de altas autoridades y jefes superiores de servicio han estado ocupados por mujeres, cifra muy distante del 57% que representan en promedio del total de la administración pública. Al analizar los cargos más altos de designación del Ejecutivo se obtiene que del total de cargos ministeriales designados desde 1990, solo el 21,1% han sido mujeres, situación que se reproduce en los nombramientos de Intendentes, llegando solo a un 18%. Estos datos del Informe dan cuenta de  que las mujeres no encuentran necesariamente obstáculos para desempeñarse en la vida política, sino para acceder a puestos de poder.

Esta Auditoría revela también las limitaciones que las mujeres encuentran para el ejercicio de los derechos sociales y económicos, evidenciando que hay áreas en que ellas siguen estando en una posición desigual.

En el caso de los derechos económicos, dos de los aspectos centrales mostrados por el Informe lo constituyen la baja participación laboral de las mujeres en relación a los hombres: 44% en el país (CASEN 2011), por debajo del 50,7% regional (CEPAL 2011) y el 60% de los países de la OCDE; y las brechas de ingreso, que implican que las mujeres perciben en promedio remuneraciones 30% más bajas que los hombres.

Otro de los ámbitos importantes de rezago son los derechos sexuales y reproductivos. Chile es uno de los pocos países en el mundo donde el aborto es penalizado en todas sus formas, incluso si el feto es inviable o si la vida de la madre corre peligro. También hay restricciones para acceder a la píldora del día después, aun cuando la ley obliga a los servicios públicos a entregarla. El cumplimiento de estos derechos ha sido planteado en diversas oportunidades por las Naciones Unidas como una demanda al país.

El Informe plantea también que una de las principales vulneraciones de los derechos de las mujeres es la violencia que se ejerce contra ellas y que este sigue siendo un problema de gran magnitud en el país. Los datos recogidos en este estudio dan cuenta de que un tercio de las mujeres del país ha sufrido violencia sicológica y un sexto violencia física. Muestran además que las denuncias de violencia intrafamiliar han ido en aumento, así como las personas detenidas por este delito. Si bien las denuncias constituyen solo la punta del iceberg, ya que solo un porcentaje menor de personas se atreve a denunciar,  permiten dimensionar lo que este problema reviste para el país y para la vida de las mujeres y sus posibilidades de ejercer efectivamente sus derechos.

Esta síntesis de algunos de los datos presentados por el Informe, evidencia que la democracia sigue teniendo una deuda con las mujeres que debe ser atendida con urgencia, pues solo así se puede lograr un Chile más inclusivo para todos y todas.

[1] En la última elección resultó electa un 18,4% de mujeres, pero una de ellas fue nombrada posteriormente Ministra y remplazada por un hombre.

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