[Opinión] Integridad y transparencia para una democracia de calidad

3.07.2014

 

3.4Esta columna de Rocío Noriega forma parte del especial de la revista Humanum sobre nuestro Informe “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo

El Informe “Auditoría a la Democracia” analiza en uno de sus capítulos el estado de la integridad y la transparencia de la función pública en Chile con el objetivo de evaluar la democracia y la efectividad de estas herramientas para prevenir la corrupción. Ésta socava los fundamentos de la democracia al mantener el acceso al poder, dinero y conexiones personales en las manos de unos cuantos; dificultando el libre ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la ciudadanía. Consecuentemente, la corrupción socava la democracia y provoca que los ciudadanos y ciudadanas desconfíen de sus instituciones, por lo que es necesario establecer regulaciones y buenas prácticas para prevenirla.

Chile, en general, ha avanzado en el fortalecimiento de las normas e instituciones que permiten garantizar la probidad y la transparencia en la gestión pública, pero como se advierte en el informe, subsisten varios desafíos en la materia.

En términos de percepción de la corrupción, Chile sufre de una situación ambigua. Los estudios de opinión pública comparada arrojan que los chilenos tienden a percibir menores niveles de corrupción en su país que la mayoría de sus vecinos en América Latina. Según datos de la encuesta LAPOP 2012, el 24,9% de los encuestados señaló que la corrupción en el ámbito público está “muy generalizada”, muy por debajo del promedio regional que alcanza el 38,6%. No obstante, esta percepción es alta si se compara con los niveles de corrupción declarada, ya que solo el 1,6% de los encuestados manifestó haber pagado alguna coima, una marcada diferencia respecto del 5,5% en América Latina. También, en las encuestas de victimización, los encuestados declaran en muy baja proporción haber sido víctimas o testigos de un acto de corrupción.  Esta ambigüedad puede estar ligada a episodios de corrupción de alta connotación pública y muy relacionada con el descrédito generalizado de las instituciones públicas y los políticos en general.

Aspirar a conseguir el bien común es uno de los fines de la democracia, pero este objetivo no es alcanzable si no hay una separación adecuada entre la función pública y los negocios e intereses de los funcionarios, evitando así que el interés privado incida en la toma de decisiones públicas.Chile cuenta con legislación para prevenir los conflictos de intereses, pero no cumple con los estándares y compromisos internacionales. Por ejemplo, en la experiencia internacional se recomienda la existencia de una entidad independiente que desarrolle una función consultiva para asesorar a los funcionarios en el cumplimiento de las normas de probidad. Asimismo, la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses ha mostrado no ser suficiente para transparentar los conflictos de intereses y no hay una entidad encargada de la verificación de las mismas. Con relación a la regulación post-empleo, que tiene como objetivo que los ex funcionarios no aprovechen indebidamente la información o contactos obtenidos por el cargo que desempeñaron, no tiene implementación práctica, dando origen a la llamada “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa.

La regulación del financiamiento político busca garantizar la competitividad de las elecciones, de manera que el nivel de financiamiento de las campañas no interfiera en la libertad de competencia ni en la igualdad de condiciones para triunfar en ellas. El informe muestra que en Chile si bien hay una regulación general de financiamiento de los partidos políticos y  una ley de transparencia, límite y control del gasto electoral; hay escasa fiscalización del gasto y alta proporción de donaciones privadas anónimas o reservadas. De acuerdo con datos publicados por el Servicio Electoral, los aportes anónimos y reservados correspondieron al 41% del total de ingresos de la elección presidencial de 2009 y cerca del 50% del total de ingresos de la elección parlamentaria del mismo año, lo que impide un control ciudadano efectivo. Una rendición financiera transparente por parte de candidatos y partidos políticos previene conflictos de intereses y la cooptación de una fuerza política.

En materia legislativa, uno de los avances más importantes en Chile fue la publicación de la ley de  derecho de acceso a la información pública, que permite que los ciudadanos tomen conocimiento de los actos de la administración del Estado, se genera debate público informado, una mayor y más efectiva participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades. No obstante, también existen retos, por ejemplo, difundir y fomentar el uso de la ley entre los ciudadanos; fortalecer la capacidad institucional de los entes obligados y homologar las obligaciones de acceso a la información en los poderes del Estado.  Otro hito legislativo fue la publicación de la ley de lobby que hace obligatorio que autoridades y ciertos funcionarios publiquen su agenda cuando se reúnen con lobbistas o gestores de intereses. Esta ley todavía no entra en vigor por lo que queda esperar para evaluar su impacto y funcionamiento.

La posición crítica de la ciudadanía respecto a la corrupción sugiere que la agenda de reformas impulsada durante los últimos años no tiene un efecto inmediato en la percepción del fenómeno, o bien, es incompleta. La distancia con la política y los actores políticos pareciera incidir notoriamente en la percepción de los grados de integridad en dichas esferas. Así, las reformas orientadas a mejorar la transparencia y probidad en la función pública deben tomar nota de las deficiencias en materia normativa e institucional, pero también buscar fórmulas para abordar el escepticismo y preocupación de los ciudadanos como un problema en sí mismo.

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