Capítulo 1.1.- Nacionalidad, ciudadanía y discriminación

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capitulo informe

1.1.- Nacionalidad, ciudadanía y discriminación

¿Existe consenso público con respecto a una ciudadanía que no discrimina?

… La respuesta a la pregunta con que comienza este capítulo resulta ambigua, pues se reconocen tanto aspectos positivos como negativos. En lo formal, existe respeto igualitario de todos los habitantes del territorio y se han hecho avances para asegurar dicha garantía. Sin embargo, en la práctica, existe todavía discriminación hacia ciertos grupos de la población que pese a tener nacionalidad y condición de ciudadanía, enfrentan problemas para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, representando éste un déficit importante de la democracia chilena.

Se verá que en Chile la condición de nacionalidad o ciudadanía no son requisitos para la garantía de derechos básicos de las personas. La Constitución establece la garantía de derechos y de condiciones de bienestar básicas a todos los habitantes del territorio, no exclusiva para quienes gozan de nacionalidad, siendo el principio de igualdad y no discriminación un ideal declarado en el ordenamiento jurídico e institucional chileno. Por su parte, las bases para la adquisición de la nacionalidad y la ciudadanía se encuentran establecidas en la Constitución y las leyes, y han ido perfeccionándose con el fin de volverlas más inclusivas. La nacionalidad está definida con criterios de apertura, pues se la otorga a todo quien nazca en territorio chileno o tenga padres chilenos, sin discriminación. En cuanto a la ciudadanía las normas también son inclusivas, pues se la concede –y con ello, los correspondientes derechos políticos– a las personas que adquieren la mayoría de edad, sin discriminaciones. No hay requisitos especiales para ejercer la ciudadanía, si bien existen causales para la pérdida de los derechos que ésta confiere.

Estos derechos no están sujetos al cumplimiento de deberes más allá del respeto de la ley. Además de quienes gozan de nacionalidad, los extranjeros que se han avecindado en el país también pueden adquirir otros derechos asociados a la obtención de ciudadanía, como es el caso del voto en todo tipo de elección de autoridades.

El capítulo muestra que en Chile se ha avanzado en el afán de perfeccionar el marco normativo legal para que éste resguarde efectivamente los derechos de todos y todas, independientemente de las diferencias en sus identidades o adscripciones. Recientemente se aprobó una ley específica en materia de discriminación, la cual precisa que la discriminación se prohíbe en todas sus formas y puede ser duramente sancionada. No obstante, y a pesar de los avances en materia de respeto, reconocimiento y no discriminación, aún siguen existiendo grupos sociales que son y se sienten discriminados, y que requieren mayor protección en tanto son más propensos a ser vulnerados en sus derechos. Hay quienes, pese a su condición de ciudadanos chilenos, a que pueden votar y elegir sus autoridades, se sienten aislados, poco incluidos y considerados en la política pública o, directamente, discriminados o vulnerados en sus derechos. Se verá que, en particular, las mujeres, las personas pertenecientes a pueblos indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexo o transgénero (población LGTBI) enfrentan obstáculos efectivos para ejercer sus derechos de ciudadanía en forma efectiva y para participar en la vida pública en condiciones igualitarias. A pesar de ello, la mayoría de la población considera que ha habido avances en esta materia y reconoce que la discriminación es un problema serio, que obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y que impide que todos los habitantes de Chile se sientan parte de una sociedad y un país que los reconoce y respeta como iguales, pese a cualquier diferencia.

La sección finaliza evaluando cuán imparcial e inclusivo resulta el procedimiento de reforma de la Constitución, la cual define las reglas básicas del sistema político y consagra los derechos de las personas. La descripción que se realiza en dicha sección indica que los procedimientos al interior del espacio deliberativo del Congreso son efectivamente imparciales e inclusivos en tanto las reformas no son impuestas, sino discutidas, y los quórums necesarios para la aprobación requieren de alianzas que incluyen al mayor número de representantes e impiden que la mayoría se imponga con facilidad sobre la minoría. Pero desde una perspectiva más amplia, la ciudadanía se encuentra poco incluida en el proceso, pues el poder constituyente se encuentra delegado en el ejecutivo y el legislativo. La composición del Congreso deja sectores políticos importantes sin representación, lo que no garantiza que indirectamente se incluya ampliamente a la ciudadanía, la cual concurre cada vez en menor proporción a elegir a sus parlamentarios. Además, la participación ciudadana en plebiscitos relacionados con las reformas constitucionales está considerada únicamente en un escenario de desacuerdo legislativo muy poco probable. Así, en la práctica, la participación directa de la ciudadanía en las reformas ha ocurrido una sola vez y en dictadura.

 

Cap. 1.1.- Nacionalidad, ciudadanía y discriminación