Capítulo 1.4.- Derechos económicos y sociales

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Categoría:
capitulo informe

1.4.- Derechos económicos y sociales

¿Están los derechos económicos y sociales garantizados de igual manera para todos?

Se propone en este capítulo que en Chile es posible constatar el cumplimiento progresivo de la garantía de acceso en materia de derechos, no obstante persiste el desafío relacionado con la desigualdad y la condición de vulnerabilidad social a la que está sometido un porcentaje importante de la población. Esta situación afecta el ejercicio equitativo de los derechos económicos y sociales de un gran número de ciudadanos y, sobre todo, su acceso a bienes y servicios prioritarios de calidad. En con-secuencia, si bien la mayoría de los derechos mínimos están garantizados, la inequidad en términos de acceso a la calidad es uno de los principales problemas que enfrenta el país.

Se verá en este capítulo que las políticas sociales implementadas durante los últimos veinticuatro años, particularmente las grandes reformas impulsadas en materia de pensiones y de salud, han aportado a la contención de la vulnerabilidad social, ya que permiten que la gran mayoría de los ciudadanos acceda a niveles básicos de cobertura. Pese a ello existen importantes diferencias en materia de calidad en el acceso a educación, salud y vivienda, condicionada por una estructura de ingresos muy desigual. Como se ha evidenciado en los últimos años, las diferencias son particularmente visibles y problemáticas en materia de educación, puesto que en Chile aparece ligada a una promesa de movilidad social que, en la práctica, resulta utópica si se considera que el origen socioeconómico de los estudiantes define en gran medida sus posibilidades de acceder a una enseñanza de calidad. En tanto, en materia laboral la garantía de derechos se encuentra limitada debido a las dificultades de acceso al empleo que afecta a ciertos grupos, a la informalidad laboral y a la precariedad en términos de satisfacción de derechos que dicha informalidad acarrea. La precariedad laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes en mayor proporción quedan fuera de la cobertura de pensiones. Además, son las mujeres, junto con los jóvenes, quienes enfrentan una mayor dificultad para integrarse al mercado laboral.

Pese a la falta de acuerdo en relación con el reconocimiento legal de los DES como derechos fundamentales, desde el retorno a la democracia los distintos gobiernos han planteado explícita-mente la necesidad de trabajar para mejorar la calidad de vida de la población, reduciendo los niveles de pobreza y generando condiciones para expandir el acceso a salud, educación y a otros bienes y servicios necesarios para toda persona. Esta intención se ha traducido en un incremento importante en el gasto social, de manera de cubrir las necesidades de la población. El país ha optado por un Estado subsidiario que participa en la provisión de prestaciones sociales básicas, a la vez que fomenta y regula la participación de privados en la provisión de bienes y servicios en diversas áreas, de forma de ampliar la cobertura. En paralelo, se ha ido avanzando en un proceso en el cual ciertos DES son reconocidos formalmente y protegidos, a medida que el desarrollo del país hace más probable cumplir con su garantía. Pero es indudable que dichos derechos aún se comprenden como derechos de segunda generación hacia los cuales se avanza en forma progresiva, luego de asegurar la garantía de otros derechos individuales relacionados con la libertad personal y la participación política.

 

Cap. 1.4.- Derechos económicos y sociales