Capítulo 1.3.- Derechos civiles y políticos

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capitulo informe

1.3.- Derechos civiles y políticos

¿Están los derechos civiles y políticos garantizados de igual manera para todos?

Analizadas dichas materias la respuesta a la pregunta que inicia este capítulo es positiva, si bien existen aspectos que aún resultan preocupantes en relación a la garantía igualitaria de derechos civiles y políticos en Chile. En este capítulo se ve que los derechos a la vida y a la integridad personal están garantizados en Chile en tanto no se vive un clima de violencia contra las personas y se exhiben niveles de criminalidad bajos en comparación a otros países de la región. El Estado ha hecho esfuerzos por identificar ámbitos específicos en los cuales ciertos grupos de la población pueden estar particularmente desprotegidos, más allá de la amenaza delictual, y ha generado políticas al respecto. Así, por ejemplo, se aprobó la ley de violencia intrafamiliar para controlar y sancionar la violencia en el espacio privado familiar. Específicamente, para controlar la violencia en contra de la mujer se modificó el Código Penal y se han impulsado políticas específicas desde el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Además, en los últimos años se ha reformulado el Servicio Nacional de Menores (Sename), que atiende a niños y niñas vulnerados en sus derechos, y se creó el Instituto de Derechos Humanos como organismo independiente del gobierno, encargado de monitorear el respeto de los derechos de las personas.

Tras la revisión se propone también que, en términos generales, en el país no se evidencian violaciones sistemáticas y evidentes de derechos civiles, como el derecho de asociación y reunión, de libre circulación, de libertad de expresión. El marco jurídico chileno ha evolucionado para ofrecer estas garantías, dejando atrás un período en el cual derechos civiles y políticos fueron seriamente vulnerados y donde la propia ley permitía tomar decisiones arbitrarias para limitarlos. No obstante, aún hay aspectos preocupantes relacionados con la libertad de expresión, pues si bien no se aprecia la censura que hubo en el pasado, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación representa una amenaza para el pluralismo y la objetividad que se requiere en una democracia para garantizar en forma efectiva el derecho a la libre expresión de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, han surgido serios cuestionamientos al accionar policial a raíz de la represión utilizada para contener y dispersar manifestantes en situaciones de protesta y movilización social, haciendo que reporteros, fotógrafos, camarógrafos y otros profesionales de las comunicaciones se vean impedidos de realizar su trabajo, existiendo incluso denuncias de acoso, golpes y detenciones arbitrarias. En cuanto a la libertad de reunión, el aumento de las manifestaciones públicas en los últimos años ha evidenciado que la decisión de permitir o no el ejercicio del derecho a la asociación y expresión se ha entregado a la autoridad de gobierno o a las policías, procedimiento que ha sido cuestionado por organismos internacionales y que representa una debilidad de la democracia chilena.

En materia de libertad religiosa y cultural el escenario es más ambivalente. Paralelamente a un positivo avance en materia de reconocimiento de la diversidad religiosa de los chilenos, existe un negativo estancamiento en materia de reconocimiento de la cultura y religiosidad de los pueblos indígenas. Esto es especialmente preocupante, en tanto el reconocimiento igualitario de los derechos individuales de las personas, incluidas las personas indígenas, deja de lado los derechos comunitarios de estos pueblos y no se hace cargo de las diferencias culturales. Así, las prácticas y organización propias de la cultura indígena, que reproducen y conservan sus creencias, chocan con un modelo político y económico que los condena a escoger entre ser asimilados y abandonar su cultura, o ser excluidos de las posibilidades de desarrollo y de acceso al poder.

 

Cap. 1.3.- Derechos civiles y políticos