Auditoría PNUD: “Tenemos una democracia de representación que funciona mal”

27.05.2014

*Cobertura y especial de prensa de Radio Universidad de Chile a Informe Auditoría a la Democracia

El primer estudio que evalúa la calidad de la democracia y sus instituciones en Chile y en América, desde 1990 a 2013, fue presentado a las autoridades de gobierno y del sistema de Naciones Unidas en Chile, la evaluación no solo mide la participación, representación y competencia por el poder, sino que además el funcionamiento de las instituciones, las reglas impuestas y el resguardo de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

De la auditoría del PNUD se desprenden siete desafíos: Legitimar la democracia para mantener la gobernabilidad; Enfrentar la desigualdad; Incorporar a los ciudadanos y las ciudadanas a la democracia a través de una participación efectiva; Mejorar la calidad de la representación; Contar con partidos políticos para una democracia de ciudadanía; Recomponer la valoración de la legitimidad de la política y, en última instancia y como resultado de lo anterior, construir más y mejor democracia.

Entre los déficit del sistema político, se reconoce la existencia y persistencia de la discriminación y desigualdad en el ejercicio de derecho en el país, como asimismo problemas en el acceso a la justicia por parte de aquellos que pertenecen a minorías segregadas como la diversidad sexual, mapuche y mujeres. Otro de los puntos analizados es la baja participación en los procesos electorales y el poco incentivo a participar en organizaciones sociales y políticas.

La Coordinadora Ejecutiva de Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, explica los alcances respecto de esta primera auditoría a la democracia y sus instituciones en Chile y en América, destacando que “aparece relevante los énfasis que entrega , por una parte el tema de la participación tanto en Chile como en otros países donde queda en evidencia que desafortunadamente en Chile la participación no sigue la misma tendencia que en otros países, de hecho va a la baja y esa baja uno podría explicarla con algunos de los mismos fundamentos que ellos plantean como resultados para el país, fundamentalmente el que tiene que ver con recomponer la revaloración de la legitimidad de la política como un instrumento para poder tener más y mayor democracia”.

El estudio también considera el análisis del acceso a la justicia y la desconfianza que existe en torno a ella, como es el caso de las comunidades mapuche, que además han visto criminalizadas y judicializadas sus demandas históricas.

“La criminalización de los movimientos sociales es un tema recurrente no solo en Chile, sino que en otros países de América Latina y del mundo, pero el caso de Chile la aplicación de la Ley Antiterrorista, es claramente antidemocrática va en contra incluso de los mandatos internacionales que se han hecho a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos una zona de nuestro país que está militarizada y que no responde evidentemente a ninguno de los parámetros democráticos que un país como el nuestro, esté invirtiendo millones de dólares para reprimir a nuestros pueblos originarios”, precisó Francis Valverde.

En este aspecto, María Jaraquemada de Fundación Ciudadano Inteligente, explica que esto se justifica por la poca legitimidad de la política, que no se logra canalizar por las vías institucionales, argumentando que “efectivamente hay una desafección de la política respecto de la ciudadanía y que se está canalizando no por las vías institucionales como son la participación en las elecciones o quizás en políticas públicas, sino que más bien a través de movimientos sociales como lo que hemos visto tanto en Chile como en muchos otros países, que la gente no es que esté absolutamente desinteresada sino que quizás no se sienta escuchada por las vías institucionales o se siente lejana, por lo tanto si vemos que se organizan y que participan en marchas y en movimientos que los vemos en las calles, tanto en Chile como en otros países de América Latina, de Europa o incluso del Medio Oriente”.

Respecto del acceso a la justicia, María Jaraquemada plantea que además existe una falla en el acceso a la información, señalando que “en Chile es caro acceder a la justicia, se requiere un abogado no siempre se puede acceder solo por los medios de uno, es caro, es algo largo y a veces la justicia tarda en llegar y para la gente que vive una situación más precaria es difícil acceder o simplemente no lo hace, además yo creo que hay una falta de información sobre los medios para acceder.  Creo que en Chile se está haciendo un esfuerzo para modernizar el sistema de justicia, pero es algo que tarda, se está reformando el Código Procesal Civil, se quiere hacer lo mismo con el Código Penal, por lo tanto yo veo que hay un esfuerzo en ese sentido, aunque es algo lento”.

Democracia cuestionada por la ciudadanía

En la entrevista realizada por Juan Pablo Cárdenas,  en el especial de prensa de radio Universidad de Chile, la coordinadora de la auditoría de este estudio del PNUD, Marcela Ríos, destacó los principales temas que arrojó el informe que utilizó  la metodología diseñada por IDEA Internacional y el PNUD a nivel mundial.

La cientista política señaló que Chile ha logrado construir un régimen estable, que sin embargo es cuestionado por la ciudadanía, sobre todo considerando que existe un sistema binominal con una Constitución política, que de acuerdo a las promesas de la Presidenta Michelle Bachelet, será cambiada.

“El informe trata de hacer un análisis de las tres grandes dimensiones que componen un sistema democrático, una de esas dimensiones es todo lo que tiene que ver con la democracia electoral, con las elecciones, con la competencia del acceso al poder; otra dimensión tiene que ver con la participación y la representación, el Estado y por ultimo están los derechos de ciudadanía porque de acuerdo a Naciones Unidas y el PNUD, la democracia no es solo la competencia por el poder, sino también requiere ser considerados los derechos de las personas, de los ciudadanos”, indicó la coordinadora de la auditoría del PNUD.

Respecto de la competencia por el poder, Marcela Ríos asegura que el país ha logrado tener un sistema que funciona bien con elecciones habituales,  consideradas como legítimas, tenemos un “régimen estable” afirma, que aumenta valoración de los ciudadanos, considerando la democracia como un “ideal” que a  24 años de la dictadura,  el 70% de la población es evaluada como la mejor forma de gobierno, independiente de otras consideraciones.

La cientista política expresó que “muestra que los ciudadanos tienen distintas percepciones respecto de lo que es la democracia.  Se ha instalado fuertemente esta noción de democracia electoral, donde las personas reconocen como parte relevante del sistema democrático,  y en eso también nuestra experiencia histórica es distinta a la de otros países, nosotros pasamos por una de las dictaduras más largas de América Latina en la época contemporánea, pero nosotros veníamos de tener un sistema democrático anterior, cosa que en muchos países de la región no se había producido la instalación de un régimen democrático sino hasta fines de los años ’7 0,’80,  recién”.

Después del quiebre del sistema democrático y la restitución del proceso electoral y por consiguiente, la instalación de un Parlamento y de un Presidente de la República, a través del voto ciudadano, la población evalúa el éxito del sistema político de acuerdo a la solución que tenga los problemas sociales y el impacto en sus vidas cotidianas, en este contexto, esta “democracia” ha funcionado los últimos años con altos índices de desconfianza y con el descrédito de los partidos políticos, de acuerdo a la cientista política los avances que se evalúan son dispares, agregando que “en algunas asignaturas esta democracia tiene promedio por sobre 6 lejos de América Latina y el Caribe, incluso a nivel mundial, como por ejemplo, en el tema de eficacia gubernamental  a pesar de que hay una mirada bien crítica pero el Estado en Chile funciona, es un Estado moderno”.

En relación a lo que consigna el informe, la democracia estaría “rezagada” respecto del resto del mundo que ha logrado mayores innovaciones, Marcela Ríos explicó que “en otros temas, fundamentalmente en los mecanismos de representación y representación, nosotros lo que se plantea en el informe, es que  ahí nuestra democracia está muy rezagada  respecto de innovaciones en el mundo, lo que nosotros planteamos en el informe y lo que la evidencia a nivel mundial muestra, es que cada vez más todas las democracias modernas, que funcionan bien, son una mezcla de ambas cosas, tienen dimensiones de representación y dimensiones de participación”.

Para Marcela Ríos la democracia en Chile es representativa, sin embargo analiza deficiencias que tienen que ver justamente con la participación ciudadana en las decisiones de país.

“Nosotros tenemos una democracia que está muy fuertemente en su diseño institucional cargada para la representación, pero esa representación funciona mal, parte importante por ejemplo es el sistema binominal, pero no solo eso, hay exclusión de importantes sectores de la sociedad de los mecanismos de representación y por otro lado, tenemos muy pocas instancias y espacios de participación, no tenemos en nuestra legislación mecanismos de participación de consulta ciudadana, referéndum, plebiscitos, revocación de mandatos, consultas nacionales”, afirmó la coordinadora de la auditoría del PNUD.

En el diagnóstico se puede ver que los procesos electorales convocan cada vez a menos ciudadanos, lo que la cientista del PNUD asocia a problemas de diseño de esta  democracia en particular, recalcando que “ahí tenemos un tema de diseño que respondía quizás y eso también se ve en el informe que hay muchas de las dimensiones de la democracia que fueron pensadas, diseñadas en un momento histórico que es radicalmente distinto al que estamos viviendo hoy día”.

El rol de los partidos políticos

En relación al rol que cumplen los partidos políticos, Marcela Ríos explica que pareciera que son instituciones débiles respecto de los liderazgos, que se han visto deterioradas, y que hoy se ven cuestionadas por la ciudadanía, sufriendo el descrédito constante y una involución, contrastando con la realidad antes del golpe de Estado de 1973.

“Cuando tú le aplicas los indicadores que utilizamos en ciencias políticas habituales para medir la solidez del sistema de partidos, Chile sigue siendo un país donde en la superficie aparece con un sistema de partidos estables y enraizados y eso es en parte porque el sistema electoral  ha permitido que los partidos políticos tradicionales mantengan prácticamente la totalidad de la representación en el Congreso con muy poca fluctuaciones”, aseguró.

La coordinadora del estudio, precisa que tenemos partidos políticos que no mueren y que siguen teniendo representación, hay una mezcla, que a su juicio contribuye a esta realidad, y por otra parte  la ley de los partidos políticos, posibilita que no sea difícil formar partidos políticos, lo sí es difícil es perdurar en el tiempo, porque los umbrales de votación son muy altos para mantenerse, quienes siguen votando son prácticamente los mismos electores que se inscribieron para el plebiscito de 1988.

“La ley de partidos políticos es una ley muy poco amigable para los partidos políticos porque lo que en el fondo el régimen militar buscaba hacer era limitar lo más posible el rol de los partidos, o sea que los partidos no cumplieran ningún rol en la discusión de las políticas públicas, que no cumplieran ningún rol en la educación cívica, que no cumplieran ningún rol en la formación de liderazgos, los partidos no tienen facultades, tienen muchas restricciones, no tienen financiamiento público para elaborar ninguna de esas acciones”, explicó Marcela Ríos.

La legislación concibe a los partidos como entidades privadas, asegura la investigadora, y ese sería uno de los principales nudos para avanzar en el fortalecimiento de ellos y que tal vez se haga cargo del 58% de los votantes, que en la segunda vuelta en la última elección presidencial, no participó de esta jornada, agregando que “el Servel, claramente si bien se hizo una pequeña reforma en tanto tiene ahora un Consejo colectivo de supervisión, pero el Servel sigue siendo un órgano no autónomo que depende del Ejecutivo, pero además que la ley no le otorga facultades de fiscalización ni le otorga  los funcionarios ni la capacidad para financiar temas esenciales como son los temas de financiamiento pero también los otros temas que mencionábamos como la creación delos partidos”.

Una nueva Constitución política

En el capítulos sobre derechos sociales y civiles se hace un análisis comparado respecto del resto de la región, en temas de concentración, televisión y prensa escrita, sin embargo no tienen la mayor credibilidad, la investigadora enfatizó que “las personas plantean que escuchan mucho más noticias o sienten mucho más creíble las radios que son bastantes más plurales, hay radios que son bastantes más representativas de casi todo  el espectro político ideológico y son las que las personas le atribuyen mayor veracidad, legitimidad, y por otro lado”.

En los temas de participación Chile, la auditoria constata bajos niveles de asociatividad en las juntas de vecinos, en los sindicatos, sin embargo se han levantado demandas a través de movimientos como el movimiento estudiantil o relacionados con la protección del medio ambiente, que además impulsan la idea de tener una nueva Constitución a través de un mecanismo participativo, que para ellos es  la Asamblea Constituyente.

Marcela Ríos explica las resistencias que ha provocado esta demanda, aclarando que “creo que fundamentalmente es una idea que sigue no calando en las elites de este país, me parece que  hay un miedo a abordar cambios radicales a través de un mecanismo que es poco conocido, nunca ninguna Constitución en Chile se ha hecho de manera abierta y democrática, con un proceso así no tenemos historia de  Constituciones escritas de manera participativa”.

Según la auditoría del PNUD el malestar ciudadano no puede ser entendido como rechazo al régimen de gobierno, sin embargo aclara que el desafío mayor es reconocer que las y los ciudadanos son portadores últimos de la soberanía y el poder, y que las reglas del juego deben ser percibidas como claras y transparentes para todos.

Noticia originalmente publicada en:

Radio Universidad de Chile

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